Autor: UNOi

Fecha: 24 de agosto de 2013

Ratifica el senado dos leyes reglamentarias de la reforma educativa

En sesión celebrada este viernes, el pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley General de Educación, así como la Ley del […]

Senado - Votación leyes educación
Foto: Senado de la República

En sesión celebrada este viernes, el pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley General de Educación, así como la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mismas que avalaron los diputados el pasado jueves.

Para completar la legislación derivada de las modificaciones a la Constitución promulgadas el pasado mes de febrero, falta aún aprobar la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuya revisión pospuso la Cámara de Diputados para el mes de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.

Con los detalles de las dos leyes aprobadas, reproducimos a continuación los boletines emitidos por la cámara alta.

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BOLETÍN-2139   Aprueba Senado de la Repíblica modificaciones a la Ley General de Educación

El Senado de la República ratificó, con 90 votos a favor y 21 en contra, las modificaciones que la Cámara de Diputados realizó a la Ley General de Educación, que establecen las directrices para que el Estado imparta una formación de “calidad” conforme a la reforma constitucional en la materia.

En sesión extraordinaria, los senadores avalaron la prohibición de cuotas que condicionen los servicios educativos, la inclusión de escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre seis y ocho horas, autonomía de gestión escolar y la alimentación balanceada de los alumnos.

De igual manera, se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que será la plataforma que contenga los datos necesarios para la operación del sistema educativo nacional.

Asimismo, deberá asegurarse la colaboración activa de todos los involucrados en el proceso educativo y se privilegiará la participación de los educandos, padres de familia y docentes.

Por lo que se refiere a las donaciones o cuotas voluntarias, los legisladores aprobaron que en ningún caso estas signifiquen contraprestaciones del servicio educativo y estipularon que serán las autoridades educativas las que establecerán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia.
En cuanto a las escuelas de tiempo completo, explicaron que estas se establecerán de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal y tendrán como objetivo “aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural” de los alumnos.

Sobre el tema de la autonomía de gestión escolar, la minuta instituye la obligación de las autoridades para realizar las acciones tendientes a fortalecerla, tanto en los planteles con lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, como en los que imparten educación media superior.

Para ello, se fijarán los lineamientos generales a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el ejercicio de su autonomía de gestión escolar.

En otro tema, la reforma agrega que las autoridades educativas tendrán la facultad de impulsar esquemas “a partir de microempresas locales para el suministro de alimentos nutritivos en aquellas escuelas que por sus condiciones inequitativas así lo requieran”.

Los senadores destacaron que con la prohibición de alimentos que no favorecen la salud de los educandos se propiciaría la ingesta de dietas balanceadas, lo que contribuiría a la reducción de los índices de desnutrición y obesidad del país.

La minuta también señala que corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitir las directrices, con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la instrucción y su equidad.

Se deja en claro que las evaluaciones que realice el INEE serán sistemáticas y permanentes, además sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas adopten las medidas procedentes.

Con esta enmienda, señalaron los senadores, se promueve la transparencia en escuelas públicas y particulares, pues después de cada ciclo escolar las autoridades escolares emitirán un informe de sus actividades y rendición de cuentas.

Otro de los aspectos fundamentales de las modificaciones es la intervención de la organización sindical en los Consejos de Participación Social, a efecto de que representen los intereses laborales de los trabajadores.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks, enfatizó que se tiene que seguir trabajando en asuntos pendientes como la Ley de Servicio Profesional Docente, revisar el modelo educativo, la educación normal, el financiamiento y abarcar la educación universitaria.

También, dijo, deben revisarse temas laborales que no han sido debidamente abordados: democracia y rendición de cuentas en el ámbito del sindicato, las dos vueltas en materia laboral, la libertad de asociación, la educación inicial sin dejar de lado los valores de la educación y la ética de cómo nos vamos a conducir.

Remarcó que no logra ser todavía una reforma educativa, pero sí es una base para lo que quiere el mundo para el día de mañana e indicó que los mexicanos quieren una educación de calidad y que siga siendo laica, gratuita y obligatoria e indicó que el reto es construir un México al tamaño de los sueños.

En representación del PVEM, el senador Gerardo Flores Ramírez destacó la urgencia de aprobar la Reforma Educativa y sus leyes secundarias para revertir el retroceso internacional que registra nuestro país.

“México, dijo, se encuentra en el lugar 48 de 65 en los listados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en desempeño educativo, lo anterior sin duda es grave porque habla de un fuerte desequilibrio en los indicadores de nuestro país, pues mientras en una buena cantidad de indicadores relevantes de la propia OCDE México se ubica dentro del rango de sus 34 países miembros, en materia educativa otros países que ni siquiera son parte de la OCDE, desafortunadamente, nos superan”.
Destacó que los legisladores actuaron “en función del interés superior de la niñez, es decir, evitar que la única solución sean los paros y huelgas por parte del magisterio, pues si bien persiguen una finalidad legítima que consiste en mejorar las condiciones laborales de los mismos, es indispensable garantizar una educación de calidad, permitiendo que los alumnos reciban los cursos escolares completos; en mi grupo parlamentario coincidimos que la pérdida de clases vulnera el derecho de educación de calidad”.

Por su parte, el senador perredista Benjamín Robles Montoya consideró que ha sido “muy fácil” condenar las acciones de maestros que en defensa de sus derechos han tomado las calles, “sin que en ningún momento se tome en consideración la burla de que fueron objetos, o la propia trampa a la que fuimos orillados todos, nuestra presencia en este recinto da claro testimonio de ello”.

Sostuvo que se “echó por la borda” la primera gran reforma en el marco de los acuerdos porque “el paquete de iniciativas que motivaron el periodo extraordinario no fue producto del consenso, no son tampoco parte del Pacto por México, el Ejecutivo Federal tomó la decisión unilateral y nosotros, por supuesto, no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de ello”.
En su momento, el perredista Armando Ríos Peter aseveró que la clase política del país quiere cambiar la vida del país basándose en los viejos instrumentos que tienen al país estancado.

Dijo que el gran reto de México es que la vida democrática no logra avanzar, porque en las mesas de diálogo se planteó que se escucharían las voces de los maestros pero, abundó, las propuestas de ellos en los foros de Gobernación fueron ignoradas.

Aseveró que muchos senadores pueden no estar de acuerdo en los planteamientos de los profesores, no obstante señaló que se le debe dar transparencia al debate nacional, por lo que la reforma se ve incompleta y con gente en la calle que se siente traicionada.
El senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del PRI, aseguró que en su partido “sí creemos en la educación pública, porque ésta es la palanca del desarrollo de la nación y además es el eje central del programa de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

El legislador por Campeche señaló que en México la educación de calidad es un derecho al que todos debemos apostarle, “creemos que este dictamen debe ser votado a favor porque creemos en la autonomía de gestión de las escuelas, lo cual permitirá que directores, jefes de sector puedan liderar estos proyectos”.

Al tomar la palabra, el senador Javier Corral Jurado aclaró que en el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, no hay disposición alguna que obligue al Estado a pagar cursos de capacitación a maestros de escuelas particulares pero sí a certificarlos para que cumplan con la calidad de la educación obligatoria.
Asimismo, precisó que “la reforma del modelo educativo se debe a un largo impulso de la sociedad mexicana organizada para hacer de la educación el eje rector de la superación de las personas y del mejoramiento de las naciones, la educación como el eje vertebrador de la democracia, de la libertad y de la justicia” y agregó que el fin del proceso educativo es la formación integral de cada persona para desplegar de la manera más amplia posible sus valores, capacidades, talentos y habilidades.

La senadora Mónica Arreola Gordillo, de Nueva Alianza, sostuvo que en su partido “no queremos una educación que avance silenciosamente sino una en la cual todos los mexicanos se nutran de su provecho”.

Se pronunció a favor de la reforma educativa, pues consideró que a partir de la reforma constitucional en la materia “la cimentación se ha forjado y toca a las autoridades hacer lo propio para que haya una distribución equitativa y justa”.

La senadora Mónica Arreola también se manifestó a favor de la evaluación educativa “para profesionalizar, dignificar y renovar la reputación de la docencia”.
Fidel Demédicis Hidalgo, senador del PRD, consideró que este día pasará a la historia como uno de los de mayor decepción para el pueblo mexicano. Señaló que la educación debe ser el motor del desarrollo de los pueblos y ésta tiene que cumplir con ciertas características que el Congreso se está negando a otorgarles a los educadores.

“No puede haber educación de calidad si se reprime y denosta al magisterio nacional. ¿Qué nos critica el pueblo? Que legislemos sobre las rodillas, al vapor”, al tiempo que dijo que hoy las comisión de Educación se reunión de manera precipitada y muy rápida para discutir en contenido de las modificaciones a la Ley General de Educación.

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BOLETÏN-2140   Aprueba Senado Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 

Con 91 votos a favor y 20 en contra, el Senado de la República respaldó la minuta que recibió de la Cámara de Diputados para expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y envió el documento al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El nuevo ordenamiento regulará al Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), que tendrá por objeto contribuir a  garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Además, normará al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que será un organismo público con plena autonomía técnica, de gestión y presupuestaria para coordinar el SNEE, así como evaluar la calidad, desempeño y resultados de los niveles básico y medio superior, tanto públicos como privados.

De acuerdo con el artículo 28 del dictamen, en materia de Servicio Profesional Docente (SPD) para la educación básica y media superior que imparta el Estado, el Instituto tendrá la atribución de definir, en coordinación con las autoridades, los programas anual y de mediano plazo conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General del SPD.

Además, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas y los organismos descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente.

Lo anterior, entre otros aspectos, con la finalidad de que la evaluación para el ingreso al servicio magisterial, así como para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, sea mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades.

En lo particular, el senador Fidel Demédicis Hidalgo propuso modificar dicho artículo, pero la asamblea rechazó la propuesta.

Para facilitar la participación activa y equilibrada de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado, el INEE establecerá un Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, cuya función será conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto y las directrices que de ellas deriven.

La Ley plantea que las evaluaciones deben contribuir a elevar la calidad de la enseñanza, orientar la formulación de políticas educativas, ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por las autoridades, mejorar la gestión escolar y los procesos educativos, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Dispone que estas medidas sean sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas y que consideren los contextos demográfico, social y económico de los agentes del SEN, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a este y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los legisladores enfatizaron que la evaluación “no está concebida para operar como un mecanismo de vigilancia jerárquica y de control sino como un medio para impulsar y favorecer el perfeccionamiento del Sistema Educativo”.

Al fijar su postura, la senadora del PRI, Mely Romero Celis, puntualizó que esta reforma regula la conformación, organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y contempla que será el responsable de elaborar la política nacional educativa.

“La educación en México requiere una profunda transformación, ya que solamente transformándola es que se logrará equidad social, crecimiento económico, mayor productividad y, por ende, estaremos logrando el desarrollo de nuestro país”.

Por su parte, la senadora Marcela TorresPeimbert, de Acción Nacional, destacó que se ha fortalecido el sistema de educación a través de instrumentos emanados en las últimas dos administraciones.

Puntualizó que el Instituto estará dotado de autonomía técnica y de gestión que le permitirá realizar evaluaciones bajo principios de independencia, transparencia, pertinencia, diversidad e inclusión. Al afirmar que el Estado ha abandonado su obligación de capacitar y tener a la vanguardia a los maestros, el senador perredista Mario Delgado Carrillo subrayó que por ello el Congreso modificó de manera substancial la propuesta de reforma enviada por el Presidente de la República y puso como ejemplo el concepto de calidad educativa que no se incluía en la propuesta original del Ejecutivo.

Precisó que la intención de las modificaciones fueron con un fin: ‘‘Cambiar de manera radical el modelo educativo en nuestro país; ya no basta tener el derecho a la educación, esta tiene que ser de calidad” y que las evaluaciones no van a ser de adorno.

Su compañero de bancada, Raúl Morón Orozco, se pronunció porque esta Ley no sea punitiva sino formativa, a fin de que contemple el contexto en el que desarrolla su trabajo el maestro y las diferentes condiciones en que se lleva a cabo.

Una evaluación, subrayó, que fortalezca el Sistema Educativo Nacional, que sea integral, que no sólo evalúe a los profesores y niños sino que valore el papel de la autoridad educativa, los libros de texto, los programas de estudio, los métodos de enseñanza e infraestructura.

Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo sostuvo que la terquedad de intereses particulares perjudica al magisterio nacional y apuntó que ninguna evaluación en el mundo ha dado resultados cuando se aplica con la intención de castigar a quien tiene deficiencias.

Aseguró que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue un acierto y que la Junta de Gobierno en este organismo cuenta con personajes de ética y moral que cumplen las expectativas más altas.

Previo a dar por concluido el periodo extraordinario, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado, turnó a comisiones la minuta que otorga autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

El documento se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.

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