Autor: UNOi

Fecha: 5 de junio de 2015

Interponen amparo contra suspensión de la evaluación docente

Ante el Juzgado Sexto en materia administrativa del Distrito Federal, la organización Mexicanos Primero presentó el pasado martes un amparo contra las acciones de autoridad […]

Foto: © DNKSTUDIO/depositphotos.com
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Ante el Juzgado Sexto en materia administrativa del Distrito Federal, la organización Mexicanos Primero presentó el pasado martes un amparo contra las acciones de autoridad del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor y el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez Retana, por el comunicado 129 de la SEP del día 29 de mayo pasado, en el que anuncia la suspensión indefinida del proceso de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes en los niveles de Educación Básica y Media Superior.

El comunicado generó una reacción inmediata del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo autónomo que tiene el mandato constitucional de llevar a cabo las evaluaciones; así como un gran número de airadas protestas de diversas organizaciones de la sociedad civil en demanda de la anulación de la medida, sin que hasta la fecha la SEP o el Gobierno de la República hayan emitido respuesta alguna.

a Suspensión Evaluación docente 010 David CalderónInterrogado por UnoNews, el director de Mexicanos Primero, David Calderón Martín del Campo, explicó que interpusieron el amparo en su carácter de Entidad de Interés Público, en defensa del derecho de los niños a tener una educación de calidad y, por supuesto, considerando la inconstitucionalidad del anuncio de la SEP.

Mencionó que muchas organizaciones se sumaron a la iniciativa del amparo, entre otras México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Calderón Martín del Campo dijo que el amparo deberá resolverse el próximo martes y, si el Juez concede la suspensión y la autoridades de la Secretaría de Educación Pública no dan marcha atrás a su anuncio y colaboran en los procesos de evaluación, caerían en desacato y podrían hacerse acreedoras a acciones de carácter penal.

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